La semana pasada estuve escasamente 24 horas en Valencia para dar una charla sobre las políticas de vivienda del Gobierno Vasco, así como para asistir a una rueda de prensa con los candidatos de EUPV a alcalde de Valencia, Amadeu Sanchis y a Presidenta de la CA de Valencia, Gloria Marcos sobre las políticas de vivienda que ellos pretenden impulsar por esas tierras.
Tanto en la charla como en la rueda de prensa las compañeras y compañeros de EU de Valencia tenían mucho interés en que se viera que las políticas que estamos impulsando en Euskadi en materia de urbanismo, suelo, vivienda, alquiler, movilización de vivienda vacía, rehabilitación, regeneración urbana, servicio público de vivienda, etc no son una utopia, sino que son posibles y realizables, que allí donde podemos gobernar las aplicamos y que también en Valencia son posibles
En Valencia hay un cierto clima social y político de que la derrota del PP es posible en la Comunidad Autónoma y remota en el Ayuntamiento de Valencia. Allí donde no tenga mayoría basoluta el PP, con toda seguridad, gobernará la izquierda (PSV, EUPV, Bloc, Verdes, etc). Y por parte de Esquerra Unida del Pais Valencia, han hecho una interesante labor para agrupar a la izquierda alternativa ya que van en coalición con el Bloc, Els Verds e Izquierda Republicana en una iniciativa electoral que se llama el Compromis.
Les deseo la mejor de las suertes, pues los despropósitos y tropelías que se están haciendo en materia urbanística en esa parte del litoral español o lo frena la izquierda rápido o dentro de poco no va a quedar mucho que proteger.
A continuación os dejo enlaces a un par de noticias publicadas sobre mi visita en la edición valenciana del diario El País y en el periódico Levante y os transcribo la nota de prensa de Europa Press que habla el tema.
COMUNIDAD VALENCIANA.-EU propone "intervenir" y un "control público" del suelo frente a la liberalización reclamada por Rajoy. El director de planificación de Vivienda del Gobierno vasco dice que la ley del Suelo del 88 hizo de España "un cementón"
VALENCIA, 20 Abr. (EUROPA PRESS)
La coordinadora de Esquerra Unida del País Valencià y candidata de Compromís a la Generalitat, Glòria Marcos, indicó hoy que esta formación política propone la intervención y el "control público" del suelo frente a la liberalización que ayer reclamó el presidente del PP, Mariano Rajoy, en el programa 'Tengo una pregunta para usted, señor Rajoy'. Marcos señaló que a su juicio "lo que hay que hacer es un control público del suelo" e indicó que hay que intervenir porque "no se puede dejar a la regulación del mercado lo que es un derecho básico". Así, dijo que defienden lo público no sólo para la sanidad o la educación sino también para la vivienda.
En el mismo sentido, el director de planificación de Vivienda del Gobierno vasco, Javier Burón, manifestó que sorprende que el PP "insista con esto", porque la ley estatal del suelo aprobada durante el mandato popular convirtió España "en un cementón", porque "en toda España se puede edificar salvo los lugares de especial protección" y "la gran espiral de crecimiento de los precios de la vivienda en España coincide con los años posteriores a la aprobación de esta ley". Así, lamentó la "receta" del PP que se traduce en que "dado que en los últimos años sólo hemos conseguido que haya crecido el precio de la vivienda en Valencia más del cien por cien, vamos a impulsar unas políticas para ver si sube el 300 por cien; es una cosa ridícula que no entra en la cabeza de nadie", advirtió. Igualmente, manifestó que no entiende como en España se mantiene este debate y añadió que en Europa el urbanismo "es una función social" y el suelo es "casi siempre público" en países como Holanda, indicó. El suelo "es una cosa tan importante que no se puede dejar en manos del mercado".
Burón explicó en Valencia que existen otras políticas "posibles, realizables y que dan resultados" que no son "utópicas", y en este sentido, manifestó que en el País vasco, el 75 por ciento de la vivienda que se construye en suelo urbanizable y el 40 por ciento del suelo urbano por ley tiene como destino obligatorio la vivienda protegida, con un precio fijado por la administración pública que no es el de mercado. Igualmente, resaltó que en el País Vasco existe la mayor cuota de vivienda protegida del estado --30 de cada 100-- frente a las 9 de cada 100 de la media estatal. Asimismo, también por ley, una parte de las viviendas de VPO se dedican al alquiler y se movilizan viviendas vacías hacia este mismo fin --3.000 en menos de tres años, especificó--.
PROTEGIDAS DE POR VIDA
En el País Vasco, explicó, todas las viviendas protegidas desde 2002 "están calificadas de por vida, no dejan de ser vivienda protegida nunca; son siempre un bien público y no se pueden vender nunca a precios de mercado", de forma que se atienden las necesidades de generaciones futuras, y "se sortean todas las viviendas a través de un sistema "claro, limpio y transparente" de acceso de la vivienda protegida. También dijo que "es posible poner freno al crecimiento abrasivo sobre el territorio y medioambientalmente insostenible" y sobre este aspecto, explicó que en Euskadi están reguladas las densidades edificatorias máximas y mínimas que sirve para compactar las ciudades y evitar los desarrollos dispersos", así como las "tropelías". El director de la vivienda de Euskai defendió que estas medidas redundan en una reducción del precio de la libre.
Por su parte, Marcos advirtió que "estos días, seguramente no sólo hay gente que está rompiendo papeles", sino que en ayuntamientos y en la conselleria de Territorio, 40 días antes de las elecciones, se están "aprobando a correprisa PAIs que piensan que serán irreversibles, gobierne quien gobierne". No obstante, remarcó que su proyecto es "mantener la moratoria" y modificar la legislación con un planeamiento a nivel de la Comunitat Valenciana para garantizar que "no se continue destruyendo el territorio" y que se intervenga en el mercado para garantizar el acceso a la vivienda.
Por su parte, el candidato de la formación a la alcaldía de Valencia, Amadeu Sanchis, remarcó que el acceso a la vivienda es un derecho constitucional, y reclamó que los suelos urbanizables de propiedad pública estén destinados a la promoción de VPO y a precio de coste. En la ciudad, lamentó, el metro cuadrado de la vivienda de protección oficial es de 1.630 euros y el precio de coste es de 1.200 euros.
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